jueves, 15 de octubre de 2009

Lección. 2: Pueblos Arcaicos: Complejo Cultural Taino

Pueblos Arcaicos :Complejo Cultural Taino

Hacer un ensayo escrito sobre el siguiente articulo:

En estado de sitio el patrimonio arqueológico, histórico y ambiental Claridad en la Nación Jorge A. Rodríguez López*/Especial para CLARIDAD


Todo el país fue testigo –el pasado 29 de abril de dos importantes eventos: por un lado la multitudinaria movilización del movimiento obrero, y por el otro, del mensaje del Gobernador. En su alocución, Luis Fortuño hizo alarde de sus cualidades histriónicas al traer decenas de cajas de documentos al hemiciclo para dramatizar “el tormentoso proceso de obtención de permisos”, aludiendo a que estos procesos “retrasaban el progreso económico” y que no hacían “competitivo” al país. Con esta pantomima como preámbulo, la Cámara de Representantes le refirió –el pasado 12 de mayo a su Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, presidida por José Chico, el proyecto 1649. Este proyecto sometido por los representantes Jennifer González, Jorge Navarro, Margarita Nolasco y Antonio Silva, entre otros, pretende dar al traste con las leyes vigentes de procedimiento, análisis, evaluación y obtención de permisos. Éste cuenta con un proyecto análogo en el Senado, el 880. Esta medida, que pretende obsequiarles a los mal llamados desarrolladores el patrimonio natural e histórico puertorriqueño, tendrá efectos devastadores sobre la protección del medio ambiente y del patrimonio arqueológico. A todas luces es otra modalidad del “fast track”, que parte de la concepción filosófica de crear una agencia burocratizada y de colocar tecnócratas a otorgar permisos sin ningún tipo de evaluación ni discernimiento científico ni social. Al pretender abarcar ámbitos jurídicos de reglamentación, de relaciones obrero patronales y de creación de una nueva agencia gubernamental, el mismo se torna extenso, complejo, por lo que su implementación augura un caos en detrimento del bien común. Entre los aspectos más polémicos se encuentran la exclusión de los tribunales en las controversias a través del recurso de “certiorari”, sustituidos por la Junta Apelativa de Permisos; las excesivas fianzas que se imponen por revisar permisos ya otorgados que sumarían la cantidad total de pérdidas alegadas por el apelado; y la reinterpretación del derecho constitucional de los ciudadanos a apelar las decisiones administrativas de agencias gubernamentales. La agencia que se pretende crear tiene una estructura que pone en manos de muy pocos individuos decisiones que afectarán al conjunto de la sociedad puertorriqueña, pero particularmente a las comunidades donde ubican estos recursos. Básicamente, la responsabilidad que ahora tienen varias agencias como el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Junta de Calidad Ambiental (JCA) y Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) recaería en los profesionales autorizados y el Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia. Estos “servidores públicos” fungirán como jueces y parte del proceso, ya que se encargarán de originar los documentos ambientales, evaluar y aprobar toda propuesta que caiga en sus manos. Este proyecto de ley omite intencionalmente en el texto hacer mención sobre la práctica de la arqueología. Dirige un ataque frontal a las leyes de Protección de Patrimonio Arqueológico Subacuático por medio de la derogación de los artículos 6 y 7 de la Ley 10 de 7 de agosto de 1987, y del Patrimonio Terrestre, derogando las secciones 2 y 3 de la Ley 112 de 20 de julio de 1988. Estos artículos y secciones de ambas leyes son las que ordenan la creación de sus respectivos Consejos, con sus poderes, deberes y prerrogativas. Al eliminarse de facto estos organismos deliberativos, donde la comunidad científica, así como las agencias de gobierno tienen sus representantes, el resto de ambas leyes quedan inoperantes. Esto se debe a que las demás prerrogativas de las leyes 10 y 112 que no entren en conflicto con el proyecto serán asignadas al ICP. Estos Consejos son los que se encargan de hacer cumplir las disposiciones contenidas en estas leyes. No sólo se verá agredido el patrimonio histórico y arqueológico que contienen nuestros yacimientos, sino también los artefactos y la demás evidencia que pudiera “recuperarse” luego de haber sido impactados, ya que ambas leyes proveen para su manejo y custodia. Además, limita grandemente los poderes del ICP, ya que elimina su prerrogativa a endosar proyectos que involucren patrimonio histórico o arqueológico, y la limita a comentar sobre los mismos. El proyecto implica que la única agencia encargada de regular el manejo del patrimonio será la Oficina Estatal de Conservación Histórica, encargada de implantar las leyes federales a proyectos que reciben fondos del Gobierno de EEUU. Esto podría ser significativo de que aplicarán sólo las leyes federales, y que por conducto de las mismas, nuestro patrimonio arqueológico sea sacado del país, para ser analizado por especialistas estadounidenses. Esta situación fue dramatizada en el yacimiento de Jácanas en Ponce, y creó una profunda indignación nacional. Es importante que la ciudadanía entienda que estos Consejos no deben ser percibidos como agencias de otorgar permisos, sino como mecanismos de fiscalización basados en peritaje científico. Si bien es cierto que en los últimos años el Consejo de Arqueología Terrestre se ha visto involucrado en amargas controversias como Paseo Caribe, eliminarlos no es necesariamente la solución. El gremio arqueológico debe plantearse una propuesta de reconceptualización de su composición y sus funciones, más inclinada hacia una mayor participación, tanto de arqueólogos como, representantes del interés público. Aunque bajo las condiciones actuales estos escenarios parecen poco probables, habrá que mantener la presión pública para que eventualmente el Gobierno rectifique su posición y se restablezcan organismos de manejo de patrimonio. No debe sorprendernos que este proyecto, “hecho a la medida” de los denominados desarrolladores, pretenda derogar las leyes de protección de patrimonio arqueológico, ya que siempre se ha querido responsabilizar de los “atrasos” a los trabajos de prospección arqueológica. Debemos comenzarnos a plantear, como científicos, la integración de nuestros reclamos a otros sectores sociales afines, como los ambientalistas y las comunidades, que luchan y que se están golpeando por las mismas políticas excluyentes y discriminatorias. Esta participación, junto con estos sectores, será fundamental para que nuestras preocupaciones trasciendan el ámbito estrictamente científico y tengan mayor relevancia social.
* El autor es Doctor en Antropología y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.